Un análisis de la asimilación de la vagancia como delito en la legislación y en la práctica judicial de la época.
En el lapso que nos proponemos estudiar, el delito de vagancia en la ciudad de Buenos Aires se presenta acompañado por una o varias causas. La vagancia parece ser una circunstancia agravante para el ladrón, el que anda en pulperías o fandangos sin tener trabajo conocido o fijo y el jugador, provocativo y perjudicial. En los documentos es común encontrar frases como: “…es conocido por vagabundo y sin ejecutarse en mecanismo ni oficio…”; “…iba vestido de blanco, con calzones largos, camisa y una vela en la mano, señales de penitente…”; “…es vagamundo y ladrón…”; “lo arresto por suponerlo ocioso”; “…por robar y andar de vago…”. El análisis de este tipo de causas caratuladas como “vago” y “vago y malentretenido” nos permitió observar el funcionamiento práctico de la justicia colonial en la persecución de este tipo de delito.
La muestra que hemos analizado es de apenas siete expedientes para la ciudad de Buenos Aires durante el período 1779-1787. Esta es la cantidad total de causas por vagancia en la ciudad sobre un total de 1.234 expedientes criminales iniciados entre 1756 y 1836, a los que deben agregarse diez más para el resto del Virreinato del Río de la Plata.
Su escaso número obedece tanto a razones puramente archivístico-institucionales como históricas. Una gran parte de ellos se encuentra resguardado en el Archivo Histórico Provincial y en muchos casos el delito era resuelto en forma verbal sin formalismo escrito alguno, sobre todo en la campaña.
La justicia en el Río de la Plata durante el siglo XVIII
Durante casi todo el siglo XVIII no existía en América una especialización jurídica. La justicia era administrada por funcionarios reales que ostentaban también otras investiduras gubernativas, militares y de hacienda. Los jueces capitulares, llamados Alcaldes de primero y segundo voto, tenían a su cargo los pleitos civiles y criminales en primera instancia dentro de la ciudad y su ejido.
En la campaña, los alcaldes ordinarios actuaban a través de los Alcaldes de Hermandad. Durante los siglos XVI y XVII, el Cabildo designaba dos de estos funcionarios anualmente pero, a partir del siglo XVIII, se designó uno por cada pago o parroquia rural, poniendo en evidencia el crecimiento de las áreas rurales que circundaban la ciudad de Buenos Aires y la pretensión estatal de acrecentar su capacidad de control.
La existencia de dos alcaldes proviene de la división estamental en la tradición castellana, pues la Nueva Recopilación había fijado que debían existir en cada ciudad, villa o lugar de más de 30 vecinos. Uno de ellos, debía ser de los caballeros y otro de los ciudadanos del común. Se concebía como yermo o despoblado a todo lugar desercado de menos de 30 vecinos. En la Recopilación de Leyes de Indias de 1680 ya se establece la función prioritaria de estos alcaldes de hermandad: “refrenar los excesos cometidos en lugares yermos y despoblados, por la mucha gente ociosa, vagabunda y perdida, que vive en ellas”.1 Nombrados por el Cabildo, dictaban sentencias en pleitos civiles de escaso monto (hasta $ 50) y en delitos criminales leves, como lesiones, injurias, robos de ganados menores, vagancia, salteamiento de caminos, etc. Actuaban como sumariantes (jueces de instrucción) en delitos criminales graves, como homicidios y heridas, robos de importancia, estupros, violaciones, etc. Aparte de las judiciales, tenían también funciones administrativas y de policía, y actuaban en muchos casos como jueces comisionados de las autoridades urbanas, además de ejercer como escribanos públicos. Es de destacar que en los casos menores, el Alcalde de Hermandad actuaba en forma oral, por lo que este tipo de delitos ha quedado sin registro escrito.
También los Gobernadores y Virreyes tenían funciones judiciales. Aún más el Gobernador, que era acompañado por un Teniente de Gobernador llamado “Justicia Mayor” que actuaba en materia judicial. Si bien el Gobernador estaba impedido de quitarles esta función a los Alcaldes ordinarios, entendía en primera instancia en juicios relativos a indios, intercambio marítimo y contrabando o comercio de esclavos. Los Oficiales Reales intervenían en este tipo de causas cuando se veía afectada la Real Hacienda.
Los fallos en primera instancia se podían apelar a una segunda, por lo que los Alcaldes de Hermandad recurrían al Cabildo e incluso al Virrey o al Gobernador directamente. Los Alcaldes Capitulares lo hacían al Virrey, Gobernador o Real Audiencia, aunque por lo general en el Río de la Plata y durante casi todo el siglo XVIII, se apelaba al Gobernador. Este último sí debía hacerlo ante la Audiencia, institución que comenzó a funcionar en Buenos Aires en 1785. Entendía en grado de apelación en todas las causas civiles superiores a los 200 pesos y criminales que tuvieran fallo de un juzgado inferior, especialmente en las criminales, que siempre debían culminarse en grado de apelación, ante este tribunal. La Audiencia incluso podía entender en primera instancia en las causas ocurridas en la ciudad o en cinco leguas a su alrededor. A partir de 1800, los detenidos por actos criminales en la campaña debían ser juzgados directamente por ella.
A raíz de la sanción de la Real Ordenanza de Intendentes de 1782, se producen sustanciales cambios en materia judicial. Desaparecen los gobernadores y son reemplazados por el Intendente Gobernador con amplias facultades judiciales, gubernativas, económicas y militares. La justicia criminal, por lo tanto, era ejercida principalmente por los órganos de poder con sede urbana, ya sean alcaldes ordinarios, gobernadores (reemplazados a partir de 1782 por el Gobernador Intendente), Virreyes y la Real Audiencia. Los Alcaldes de Hermandad siguieron sin poder actuar como jueces en casos graves, ya que debían limitarse a elevar la sumaria y el reo a los jueces en la ciudad. Sin embargo, con el tiempo fueron ampliando sus funciones más allá de los llamados delitos de hermandad, referidos principalmente a los problemas policiales menores y justicia criminal en yermos y despoblados. De este modo adquirieron el poder de aplicar justicia en causas civiles de montos reducidos y en las de orden público (vagancia, por ejemplo). Para el ejercicio de estas funciones no disponían ni de cárceles ni de una fuerza policial propia o bajo su dependencia directa y, al decir del alcalde de los Arroyos en 1795, “la guardia de los soldados que se le imparte de auxilio por los oficiales militares es de milicianos voluntarios que estos hacen lo que quieren y al mismo tiempo es menester que el Alcalde Juez los gratifique y mantenga”.2 Cabe destacar que los alcaldes ordinarios eran jueces legos, debían saber leer y escribir, tener casa poblada, acreditar vecindad y no ser oficiales reales, deudores del fisco o parientes de otros cabildantes. El Alcalde de primer voto era de mayor jerarquía y podía llegar a suplir al gobernador intendente o presidir las sesiones del cuerpo.
Las normas destinadas a organizar la tramitación de los juicios imponían, de acuerdo con la tradición peninsular, formas de sustanciación escritas, lentas y complicadas. La demanda, la contestación, las pruebas y los demás trámites del juicio debían consignarse por escrito. Los gastos ocasionados por el proceso corrían por cuenta de quien había perdido el pleito así como los honorarios de jueces, escribanos y abogados consultados por los magistrados de carácter lego. Las dos excepciones a este tipo de procedimiento las constituían las causas entabladas ante los Alcaldes de Hermandad que, según las Leyes Recopiladas, debían sustanciar la causa y dictar sentencia sin figura de juicio, y los asuntos mercantiles presentados ante el Consulado en los que se procedía sin la intervención de abogados.3 En cuanto a los procedimientos criminales, el juez podía utilizar el tormento para lograr la confesión del acusado cuando había indicios evidentes de culpabilidad, pero tal procedimiento no tenía validez como prueba si luego no era confirmado por el acusado.4
Las leyes coloniales y la vagancia
El análisis evolutivo de la legislación indiana en torno a la vagancia, nos permite ver los cambios en esta figura a través del transcurso del siglo XVIII y su impacto en el funcionamiento de la justicia colonial. La Recopilación de Indias de 1680 establece en la ley II, título IV del libro VII que: “Los españoles, mestizos, mulatos y zambaigos vagabundos no casados que viven entre los indios, sean echados de los pueblos, y guárdense las leyes y las justicias castiguen con exceso con todo rigor, sin omisión, obligando a los que fueren oficiales a que trabajen en sus oficios, y si no lo fueren aprendan en qué ejercitarse o se pongan a servir, o elijan otra forma de vida, como no sean gravosos a la república, y den cuenta a los virreyes de todos los que no se aplicaren a algún ejercicio y por el estrago que hacen de las almas estos vagabundos ociosos y sin empleo, viviendo libre y licenciosamente, encargamos a los prelados eclesiásticos que usen su jurisdicción cuando hubiere lugar a derecho, y si los virreyes, presidentes, o gobernantes averiguaren que algunos son incorregibles, inobedientes o perjudiciales, échenlos de la tierra y envíenlos a Chile, Filipinas u otras partes”.5 De esta manera, las leyes españolas van delineando la figura del vago como aquel que vive entre los indios, o sea separado de la sociedad española o blanca, y le otorga un tinte mestizo. El mundo civil es la ciudad y el campo lo antisocial; el vago es un germen ajeno a la ciudad que la pone en peligro. La pena común para este delito es la expulsión, el destierro de lo “civilizado”. Se espera que el que vive en una comunidad trabaje de algo, posea alguna ocupación y no tenga libertad de movimiento. En un primer momento la figura del vago parece ser la del ocioso, “el que vive sin trabajar” y está asociado a las castas, ya sea mestizo, indio o negro.
Carlos Tejedor observa en su curso de Derecho Criminal6 que los vagos son los sindicados de una vida errante, aventurera y ociosa; el modo de existir más parecido a una amenaza contra el orden social. Ningún vínculo los liga a la patria, que recorren como extranjeros. “No tienen habitación fija, ni recursos conocidos, y al mismo tiempo que sus necesidades les hacen del delito una ley imperiosa, la justicia no puede seguir sus trazas por esa misma falta de residencia”.
Otra ley de la Recopilación, la IV, título IX, del libro VII, dice: “Mandamos que los vagamundos, que según las leyes de estos nuestros reinos han de ser castigados con pena de azotes, de aquí en adelante la dicha pena sea a que sirvan por la primera vez en las nuestras galeras cuatro años y sea traído a la vergüenza públicamente, siendo el tal vagamundo mayor de veinte años; y por la segunda vez le sean dados cien azotes y sirva en nuestras galeras por ocho años; y por la tercera vez le sean dados cien azotes y sirva perpetuamente en las dichas galeras”.7 En este caso la pena es una combinación de azotes y trabajo que se incrementa con la reincidencia. Ello demuestra que el derecho indiano contiene una mezcla de castigo particular y general, ya que los azotes estarían dirigidos a la sociedad, a la “vindicta pública”, mientras que para el individuo la pena es el trabajo forzado. Otro dato interesante es la mayoría de edad para los vagos.
Pero es la Real Orden del 30 de abril de 1745 la que expresa de manera clara a qué debería llamarse vago, y detalla las personas consideradas como tales: “los que sin oficio ni beneficio, hacienda y renta vive, sin saberse de que venga la subsistencia por medios lícitos u honestos. El que teniendo algún patrimonio no se le conoce otro empleo que el de casas de juego, compañías mal opinadas, frecuencia de parajes sospechosos. El que vigoroso, sano y robusto de edad…, anda de puerta en puerta pidiendo limosna: el soldado inválido, que teniendo sueldo de tal, anda pidiendo limosna: el hijo de familias que mal inclinado no sirve en su casa y en el pueblo de otra cosa, que de escandalizar con la poca reverencia u obediencia a sus padres, y con el ejercicio de las malas costumbres, sin aplicación a la carrera que le ponen: el que anduviese distraído por amancebamiento, juego o embriaguez: … y busca las ocasiones disponiendo rondas, música o bailes en los tiempos y modo que la costumbre permitida no autoriza, ni son regulares para la honesta recreación: el que trae armas prohibidas: … el que teniendo oficio no lo ejerce lo mas del año, sin motivo justo para no ejercerlo: el que con pretexto de jornalero, si trabaja un día lo deja de hacer muchos, y el tiempo que había de ocuparse en las labores del campo, o recolección de frutos, lo gasta en la ociosidad…: el que sin visible motivo de mala vida a su mujer con escándalo en el pueblo: los muchachos que, siendo forasteros en los pueblos, andan en ellos prófugos sin destino: los muchachos naturales de los pueblos, que no tienen otro ejercicio, que el de pedir limosna ya sea por huérfanos o por descuido de padres: el que, creciendo sin crianza, sujeción ni oficio, por lo regular se pierden, cuando la razón mal ejercitada les enseña el camino de la ociosidad voluntaria: los gaiteros, bolicheros y santinbancos: porque estos entretenimientos son permitidos solamente de los que viven de otro oficio o ejercicio: los que andan de pueblo en pueblo con máquinas reales, linternas mágicas, perros y otros animales adiestrados…”. Como vemos, ya para mediados del siglo XVIII la figura delictiva se va ampliando y ya no solamente son indios o negros sin trabajo los acusados, sino que se incluyen los blancos dedicados al juego, los ebrios y soldados con licencia, los que portan armas prohibidas, los amancebados y otros que irán configurando un cuerpo de delitos anexos al de vagancia.
La Real Ordenanza de Carlos III del 7 de mayo de 1775 define y sintetiza para el último cuarto del siglo XVIII la figura del vago: “los que viven ociosos, careciendo de rentas para vivir; los que andaban malentretenidos en juegos, tabernas o paseos, sin conocerles oficio alguno; los que eran encontrados durmiendo en las calles después de la medianoche y después de advertidos por las autoridades o familiares, incurrían en tercera reincidencia”. Aquí ya puede observarse la asociación ocioso-vago, mal entretenido-vago y que sea un modo de vida habitual (la reincidencia). Y también se advierte que se trata de una represión primordialmente urbana.
Estos rasgos no se pierden sino que se acentúan posteriormente y el concepto se amplió por R.O. de 24 de noviembre de 1778 a los peregrinos sin pasaporte. En 1783 se incluye a los curanderos, amaestradores de animales y a los que, con pretexto de ser estudiantes, se dedicaban a vagabundear por el Reino. Y en 1788 a los artesanos y menestrales8 que, teniendo oficio, no trabajaban la mayor parte del año por desidia, vicio y holgazanería.9
Con el correr del tiempo se suprimieron los destierros, vergüenza pública y azotes, quedando como medida represiva la de las levas militares para incorporarlos a los regimientos con carácter fijo. Los nobles que eran sometidos a estas sanciones eran considerados soldados distinguidos. Las ordenanzas regulan detalladamente la forma de conducirlos a los depósitos y campos militares, los servicios que habrían de prestar según la edad y su catalogación en ‘vagos honrados’ (los meramente condenados por vagancia) y ‘vagos no honrados’ (los que lo fueran por delito común y tenían por ello que sufrir otra pena).10 Los bandos reiteran casi todos los años la convocatoria compulsiva a la siega y la prohibición de juegos como los naipes o taba. Es en los meses de diciembre a enero cuando se intensifican en dicho sentido, pues se trata de compeler al trabajo a los que “vagan” por la ciudad sin trabajo o domicilio fijo.11
Con el tiempo esta figura se va ampliando con la incorporación de otra gama de conductas que pasan a ser penalizadas. En este sentido es interesante ver que a mediados del XVIII el término “vagamundo” dominaba en los bandos, pero irá desapareciendo para ser sustituido por el de “vago y mal entretenido” a fines del mismo. En efecto, durante el transcurso de media centuria la normativa va adosando figuras penales nuevas, y al ocioso-jugador de 1750 se le suman a fines de siglo el de ladrón, portador de arma blanca, pendenciero y provocador de tumultos.
La práctica judicial
Al malagueño Francisco Miranda se lo apresa en 1778 por haber abandonado su oficio de zurrador y “…andar de vago en esta capital…”. Además se lo acusa por sospechas de haber robado un poco de dinero. La pena para Miranda es grave a pesar de ser español, ya que es obligado a volver a España en los bajeles.12 Es una condena rigurosa si tenemos en cuenta la extracción social del acusado.
Isidro Parapuy, indio de Yapeyú, es arrestado por vago, ladrón y “penitente” en 1779, luego de que en una pulpería se lo encontró en el estribo de un caballo (ajeno), vestido todo de blanco y con una vela en la mano (“…señales de penitente…”). Su origen parece agravar su situación, pero el defensor de naturales argumenta que no era suficiente motivo que vistiera todo de blanco ya que era natural que llevaran “…este tipo de traje y vestuario con que los indios andan como es público y notorio…”. El robo del caballo no parece haber sido cierto, ya que Isidro se iba a subir al mismo para correrlo, al estar en la puerta de la pulpería donde quería entrar. Finalmente se lo deja en libertad por un indulto real luego de pasar más de tres meses en la Real Cárcel.13
En la Guardia de San Martín es encarcelado Pablo Elgueta por habérsele encontrado a caballo en una pulpería. Corría el año 1784 y “…el dicho Elgueta es conocido vagamundo y ladrón.”14 Por lo general las acusaciones tienen carácter de sospecha y su veracidad no es probada con testigos.
Al año siguiente se arresta a Cipriano Flores por estar parado en una pulpería y suponerlo ocioso. Cuando se corrobora que era carpintero se lo deja en libertad. Este es el único caso en donde el delito es el de vagancia por estar desocupado, sin el agregado de otra contravención.15 Es importante destacar el excesivo celo que toman las autoridades policiales en este período, empeñadas en realizar arrestos sin causa aparente. Las sospechas hacia personas jóvenes y sin trabajo permanente son la moneda corriente.
La década de 1780 parece ser un período de mayor persecución de este tipo de delito, una época de celo extremo de las autoridades por perseguir ociosos. También se observa una gran intervención de jueces comisionados para prender “vagos y malentretenidos” en coincidencia con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la posterior fundación de la Real Audiencia de Buenos Aires. En este lapso se incrementa el control gubernamental sobre la población de la ciudad y su campaña que, en muchos casos, escapa al trabajo en las obras públicas o las cosechas.
En 1785, el cabo “comisionado” para prender vagos arresta a José Rojas porque supuestamente había huído con unos pesos que le entregaron para comprar unos cueros. Luego de varios meses de detención, es liberado al comprobarse que el acusador se “equivocó “ de persona. Rojas es un jornalero al que deben pagarle los días que perdió durante el tiempo que estuvo privado injustamente de la libertad.16
A Tomás Barbosa se lo arresta y remite a la Real Cárcel por “vago, vicioso, quimerista y provocativo”. Natural de Buenos Aires, soltero, de oficio cigarrero, se ocupa algunos meses en la Administración General de Tabacos y durante el tiempo que no hay trabajo lo mantiene su madre “…divirtiéndose en pasear o ir a algún fandango…”. Se lo acusa también de haber estado preso en dos ocasiones por sospecha de homicidio. En esta ocasión lo detienen cuando estaba en una pulpería comprando pan. Barbosa se defiende alegando que los delitos los cometió en su niñez “…los cuales no estaban sujetos a la razón, que no poseía perfectamente a esa edad…”. Finalmente se lo libera por haber purgado ya la pena y se lo apercibe a que se aplique a algún destino, oficio u ocupación que lo excuse del concepto de vago.17
Conclusiones
Como vimos, el delito de vagancia casi siempre va acompañado de otra acusación y sirve para englobar un conjunto de conductas delictivas más graves. El término vago no refleja un delito en sí. El perfil social de los acusados indica una tendencia a arrestar a jóvenes de entre 20 a 30 años de edad y solteros. No parece haber preferencias en cuanto al origen étnico de los acusados; las justicias parecen perseguir a blancos, indios o negros por igual.
Una sola vez se aplica una pena por sospechas de robo y vagancia cuando el español Francisco Miranda debe volver a su patria en los bajeles. En las demás causas, los detenidos son puestos en libertad luego de haber pasado varios meses en la Real Cárcel. Y en otra oportunidad, un indio fue beneficiado por un Real Indulto.
Las sentencias respetan los autos emitidos por los fiscales del crimen o la defensa de protectores de naturales y pobres que solicitan la libertad del reo. Parece existir una contradicción entre el extremado celo de las autoridades que realizan los arrestos y las sentencias que emiten los jueces de la ciudad. El vago de principios del siglo XVIII se transforma en el vago-malentretenido de fines de la misma centuria, que no trabaja pero además juega, roba o anda en bailes en forma reincidente. El número de causas sustanciadas en la década de 1780 indicaría un período de mayor control gubernamental a efectos de captar mano de obra para las cosechas en la campaña y las obras de la capital. Esto queda demostrado con el perfil de los acusados, por lo general jóvenes y solteros. Y no parece perseguirse exclusivamente a indios y negros por sobre los blancos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. yyy
Bibliografía y Notas
1.- Storni, Carlos M., Investigaciones sobre historia del derecho rural Argentino. Españoles, criollos, indios y gauderios en la llanura pampeana. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1997, pág. 84.
2.- Storni, Carlos M. Ob.cit. 1997: 89. La cita proviene de AGN, IX-19-7-7, docs. 369/370.
3.- Zorroaquín Becu, R., Historia del Derecho Argentino. Ed. Perrrot, Bs. As., 1966 págs.148-149.
4.- Zorroaquín Becu, R. (1966), Historia del Derecho Argentino, ob.cit., pág.149.
5.- Gori, Gastón. Vagos y malentretenidos. Aporte al tema hernandiano. Rodolfo Alonso Editor, Buenos Aires, 1974, págs.. 8-9.
6.- Tejedor Carlos. Curso de Derecho Criminal (primera parte). Librería M. Joly, Buenos Aires, 1871. P. 320.
7.- Gori, Gastón. Op. Cit. p 10.
8.- Del lat. ministerialis, empleado, dependiente. 1. m. y f. Persona que tiene un oficio mecánico.
9.- Romay, Francisco. Historia de la Policia Federal Argentina (Tomo I, 1580-1820). Editorial Policial, Buenos Aires, 1980. pág. 46.
10.- Aquí Romay cita un manual de derecho penal especial, cap. XIII, ley de vagos y maleantes (Romay, op. Cit. pág. 46).
11.- Ver Bandos AGN, Sala IX, 8-10-1 a 8-10-8. (1745-1808).
12.- Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Sala IX, 32-2-1, exp. 11. (1778-81).
13.- AGN, Sala IX, 32-2-4, exp. 9. (1779).
14.- AGN, Sala IX, 32-3-6, exp. 7. (1784).
15.- AGN, Sala IX, 32-3-8, exp. 20 (1785).
16.- AGN, Sala IX, 32-3-9, exp. 26. (1785).
17.- AGN, Sala IX, 32-4-3, exp. 11. (1787).
Gustavo Fabián Alonso
Investigador de la
Historia Argentina
Información adicional
HISTORIAS DE LA CIUDAD. Una revista de Buenos Aires
Declarada de “Interés de la Ciudad de Buenos Aires” por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Año III – N° 11 – Septiembre de 2001
I.S.S.N.: 1514-8793
Registro de la Propiedad Intelectual N° 100.991
Categorías: Ejército, Policía y fuerza pública, Oficios, PERFIL PERSONAS, Grupos, Varón, Vecinos y personajes, TEMA SOCIAL, Pobreza, Cosas que ya no están, Política
Palabras claves: delito, oscio, ilicito, robar, vagabundo, causa judicial, vagancia
Año de referencia del artículo: 1780
Historias de la Ciudad. Año 3 Nro11