Cumpliendo lo normado por las Ordenanzas Reales en la materia, don Juan de Garay estableció en la naciente población, Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, las primeras autoridades judiciales y policiales. Vemos aquí su evolución hasta la caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas.
Cuando Juan de Garay fundó Buenos Aires el 11 de junio de 1580, integró el primer Cabildo con dos alcaldes ordinarios y seis regidores. La acción de estos alcaldes ordinarios, que lo eran de primero y segundo voto, estaba dirigida principalmente hacia las cuestiones judiciales que incluían las actividades policiales en la ciudad y la campaña.
Muy pronto se tuvo conciencia de la magnitud del territorio que tenían bajo su jurisdicción, circunstancia que hacía imposible atender los casos que se presentaban y, en definitiva, impedía administrar justicia como era debido. Por ello, en enero de 1606 fueron relevados por el Cabildo de esas responsabilidades en el medio rural al tiempo que creaba el cargo de alcalde de hermandad para cubrir dicho distrito. La Santa Hermandad era una institución militarizada de España que, al ser implantada en el Río de la Plata, perdió esa característica.
Los alcaldes de hermandad duraban un año y algunas veces eran reelegidos. Casi siempre lo ejercían estancieros que asumían una dura carga pública, por lo que se trataba de rotar las designaciones en distintas personas. Debían intervenir en casos de robos y hurtos, salteamientos de caminos, muertes y heridas, incendios de campos, viñas y colmenares, y en raptos y violaciones de mujeres honestas, todo ello ocurrido “en despoblado o en yermo”.
Por Real Cédula del 27 de mayo de 1631 se creó el cargo vendible y perpetuo de alcalde provincial de la Santa Hermandad con asiento y voto en el Cabildo. Sus propietarios fueron investidos con todas las atribuciones de los alcaldes de hermandad, aunque muy pronto sus títulos fueron discutidos y su autoridad languideció para subsistir sólo nominalmente hasta la extinción del Cabildo en diciembre de 1821.
Un nuevo título, el de alguacil mayor de la Santa Hermandad, fue otorgado por primera vez en 1721. Debían perseguir y aprender delincuentes en la campaña y estaban subordinados al alcalde provincial. Este cargo subsistió hasta 1805, año a partir del cual no volvieron a nombrarse más.
Según se desprende de lo expuesto hasta aquí, tanto alcaldes como alguaciles de la Santa Hermandad ejercieron a su turno las funciones policiales en la campaña, mientras que los regidores diputados de policía actuaban en la ciudad.
Los primeros barrios
El auge del contrabando llevó al gobernador Miguel de Salcedo, por Auto del 26 de abril de 1734, a dividir la ciudad en cuarteles y nombrar los diputados que debían “celar el modo de vida de los vecinos estantes o habitantes”. De tal decisión surgieron ocho barrios y quedaron consagrados comisarios en cada uno de ellos.
Si bien duraron sólo un año, se convirtieron en un antecedente de relevancia para que el gobernador Juan José de Vertiz decidiera, el 21 de mayo de 1772, elevar el número de barrios a dieciséis y nombrar en cada uno a vecinos destacados con el cargo de comisionados. Ellos debieron fiscalizar horarios de negocios, velar el aseo de calles y baldíos, expedir pasaportes y licencias de mendigos, patrullar las calles acompañados de vecinos, perseguir vagos y delincuentes, controlar pesas y medidas e intervenir en las construcciones de fincas, tapias y cercos de ladrillos en los huecos. De este modo se organizó una primera policía.
Dos años más tarde, es decir en 1774, estos comisionados pasaron a llamarse alcaldes de barrio. Ante un alarmante aumento de robos, muertes y otros excesos, Vertiz dispuso la iluminación de las calles porteñas y a ellos les cupo fiscalizar su buen funcionamiento. Al mismo tiempo, se les concedía el uso de un bastón con puño de marfil para que fueran reconocidos.
La función de diputado de policía fue instaurada por el Cabildo el 23 de diciembre de 1788. En un principio tenían solamente atribuciones edilicias; debían acompañarse de un alarife para medir y señalar los terrenos sobre los que se construirían edificios. A partir de 1791 comenzaron a llamarse diputados de policía agregando a sus funciones el arreglo, limpieza, empedrado e iluminación de calles, ordenamiento del tránsito, realización de obras públicas y cobro de impuestos. También atendían el mantenimiento del orden público, tarea que se fue acentuando progresivamente, con lo que los alcaldes de barrio y los alcaldes de hermandad quedaron bajo su autoridad.
El cargo de intendente de policía fue creado por el virrey Avilés el 1° de agosto de 1799. Su nombramiento introdujo una serie de conflictos; sus facultades cercenaban las funciones del Cabildo, en especial aquellas que ya tenían asignadas los alcaldes de barrio. Fue así, entonces, que el Rey desaprobó tal designación por Cédula del 28 de julio de 1802, volviendo al Cabildo las cuestiones causantes del conflicto. Un cargo similar será puesto en vigencia por el gobierno patrio en 1812, según se verá más adelante.
También en 1799 se organizó la partida celadora, puesta a las órdenes del regidor diputado de policía e integrada por 35 hombres que atendían la seguridad y vigilancia en la ciudad.
Primer gobierno patrio
Después de la Revolución de Mayo, la partida celadora fue confirmada por la Junta Provisional Gubernativa, aunque con una reducción de fuerzas a 16 soldados. Los restantes fueron incorporados al ejército patriota. Y a fin de consolidar la nueva situación, el flamante gobierno renovó a los alcaldes de barrio con fecha 7 de agosto de 1810. Tuvieron como misión principal, confeccionar un registro de vecinos, denunciar armas y formar rondas nocturnas. Para ayudar en esas tareas fueron nombrados tenientes de alcalde de barrio a razón de uno por manzana, bajo la autoridad de los anteriores.
Los vaivenes de la política de esos momentos hizo necesario tomar otras decisiones. Así, el 20 de enero de 1811, la Junta Grande dio a luz una Comisión de Seguridad Pública con el único objeto de “velar incesantemente, indagar, pesquisar la conducta de los que formasen congregaciones nocturnas o secretas, sembrasen ideas subversivas de la opinión general sobre la conducta y legitimidad del actual gobierno, o sedujesen a los oficiales, soldados y ciudadanos de cualquier clase”.
Esta Comisión de Seguridad fue anulada luego de los sucesos del 5 y 6 de abril que impusieron cambios en la Junta Grande. Este movimiento fue encabezado por los alcaldes de barrio al mando de Tomás Grigera. En su lugar se instituyó el Tribunal de Vigilancia con atribuciones para juzgar a cualquier persona, excepto los jefes de regimientos y vocales de la Junta. En realidad, se concentró en la represión de los opositores al nuevo régimen.
El 21 de diciembre de 1811, el gobierno nombró un Juez de Policía, por lo que el Cabildo dejó de designar al diputado de policía a partir del 1° de enero del año siguiente. Con ello cesaron sus funciones policiales en la ciudad y la campaña, que quedaron en manos de la autoridad nacional como Policía del Estado. Matías Irigoyen asumió la titularidad de este organismo el 9 de enero de 1812, pero lo hizo como Intendente de Policía. Recordemos que un cargo similar tuvo vigencia por tres años durante la época hispana, entre agosto de 1799 y julio de 1802.
Poco tiempo después, un conflicto de jurisdicción surgido entre el Gobernador Intendente y el Intendente de Policía fue resuelto asignando funciones policiales en la campaña al primero, y en la ciudad y sus arrabales al segundo. Entre tanto, la Partida Celadora había sido reorganizada y por largos años tuvo destacada actuación en la represión de delincuentes. De allí que su nombre se hiciera muy popular y sus acciones comenzaran a llenarse de leyendas. Por último, la función de Intendente de Policía fue suprimida el 3 de marzo de 1820 por la Junta de Representantes, disponiéndose que la “policía alta” quedara a cargo de los tribunales existentes y la “policía baja” volviera al Cabildo. De este modo reapareció el regidor diputado de policía.
Se suprimen los cabildos
Durante la gestión del Gobernador Martín Rodríguez y su ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia, se sancionó la ley del 24 de diciembre de 1821 que suprimió los cabildos en Buenos Aires y Luján, únicos que aún permanecían en actividad en la provincia. Esta norma permitió organizar a la policía estableciendo que dichas funciones estuvieran a cargo de un Jefe de Policía secundado por seis comisarios para la Capital y ocho para la campaña.
Estas reformas, que fueron aprobadas y puestas en vigencia por Rivadavia, habían sido inspiración del último diputado de policía del recientemente extinguido Cabildo de Buenos Aires, Joaquín de Achával. No fue raro, entonces, que Achával se convirtiera en el primer Jefe de Policía iniciando su mandato el primer día de 1822.
El 11 de febrero siguiente fue creado el cargo de médico de policía, designándose al Dr. Carlos Durand para ocuparlo. Sus funciones se concentraron en el reconocimiento de heridos y cadáveres, la autopsia de estos últimos, los exámenes psíquicos de las personas, la atención médica de los presos de la cárcel, la inspección de farmacias y medicamentos, y el control de las tiendas de abastos y alimentos en venta al público. Además tenían la obligación de dar anualmente un curso de partos en el Hospital de Mujeres, al que no podían faltar las mujeres que ejercían el “arte de partear”.
En esta misma época apareció el Registro de Marcas de Ganado que fue puesto en la jurisdicción policial. Allí se anotaban las marcas de los hacendados y sus ventas o transferencias, donación o cualquier movimiento que resultara del cambio de su titularidad.
Otra de las novedades surgidas en tiempos del ministro Rivadavia fue la imposición del primer sello institucional, también por iniciativa del Jefe Achával. En él aparece el gallo que desde entonces identifica a la repartición.
El 17 de marzo de 1823 se instaló oficialmente el Departamento de Policía, que ya venía funcionando en el Cabildo. El lugar había servido como residencia del obispo y Seminario Conciliar. Allí permaneció hasta el 4 de marzo de 1889 en que fue trasladado a su edificio actual, Moreno 1550. El local anterior fue demolido cuando se cercenó parte del Cabildo para construir la Avenida de Mayo.
A principios de 1824 aparecieron los celadores de policía, creados por Ley del 20 de diciembre del año anterior. Sus funciones fueron reglamentadas el 10 de enero de 1824, determinándose que debían poseer mediana educación, saber leer escribir
—cosa notable para la época— ser personas de conducta moral intachable y gozar de buen concepto entre el vecindario. ¿Se cumpliría todo esto…?
Iban vestidos de civil y como única identificación llevaban una gran medalla oval con el escudo nacional colgadas del cuello que sólo podían exhibir en actos de servicio. Todo estaba reglamentado. Antes de detener a un delincuente estaban obligados a espetarle la orden: “Entréguese a la Policía”. Cuando esto no daba resultado y era imperioso requerir la ayuda de algún civil, debían convocar al ciudadano con un desabrido “Favor a la Policía”.
Con fecha 18 de agosto de 1824 apareció la “Gaceta de Policía”, primer periódico de la repartición que a partir del segundo número se llamó “Boletín de Policía”. Salía quincenalmente y se mantuvo por tres años, hasta el 1° de julio de 1827. Su finalidad fue dar a conocer a la población el nombre de las personas detenidas, como también las causas, jueces, condenas y multas impuestas a dichos infractores.
Creadas las Comisarías de Sección, durante la presidencia de Rivadavia se puso en vigencia un Reglamento para su funcionamiento. Dicha normativa fijó los horarios de los comisarios, la intervención que les competía en los delitos (no se les permitía interrogar a los detenidos), remisión de las actuaciones, recorridas por jurisdicción, servicio de los celadores asignados a cada comisaría y de los ordenanzas para las oficinas y correspondencia.
El Departamento Topográfico, por su parte, se dedicó a delimitar los radios de dichas comisarías, cuyos deslindes estaban dados por los ejes de la actual avenida Rivadavia y las calles San José-Uruguay. Por otra parte, fueron alquilados locales apropiados en cada jurisdicción dado que hasta ese momento funcionaban en el Departamento de Policía. Así, el 9 de junio de 1826 se instalaron las seccionales 1a. y 3a., tres días más tarde la 4a. y la 2a. poco tiempo después.
Como consecuencia de la guerra con el Brasil, un decreto del Gobierno fechado el 15 de diciembre del mismo año creó dos Comisarías de Campaña con sede en la ciudad comisionadas para alistar negros esclavos aptos para el servicio, recoger las armas en poder de particulares e ir en la búsqueda de desertores y delincuentes. Cada uno de los jefes de estas comisarías tuvieron a su cargo una Partida de Policía de 25 hombres. Más adelante, los integrantes de estas partidas fueron denominados celadores de Policía de Campaña.
El gobernador Juan Manuel de Rosas creó, mediante Decreto del 22 de marzo de 1831, la Compañía de Caballería Auxiliar de la Policía con el principal objetivo de “dar mayor respetabilidad al Departamento de Policía” en toda sus intervenciones. Era una fuerza militarizada de 80 hombres con un sargento mayor y un ayudante. Poco tiempo después fue sustituida por los vigilantes a caballo.
El general Lucio V. Mansilla, nombrado Jefe de Policía por el Gobernador Viamonte, dio vida al Cuerpo de Serenos y a los Vigilantes de Día. Ambos organismos sustituyeron a los celadores. El Cuerpo de Serenos o de Vigilantes de Noche, como se los conoció popularmente, era una policía nocturna que entró en vigencia el 13 de marzo de 1834. Lo integraban sólo 14 hombres que recorrían 33 manzanas. Dependían del Departamento de Policía pero sus sueldos lo costeaban los vecinos a través del “impuesto de serenos”.
Cumplían horario de 10 de la noche en primavera y otoño, desde las 11 en verano y de las 9 en invierno, hasta “el cañonazo del alba”. Debían rondar sus distritos con un farol, pistola y silbato, cantando la hora y el tiempo que hiciese cada 30 minutos al son de las campanas del Cabildo. Tenían por obligación despertar al vecino que lo pidiese, llamar al médico o confesor cuando las circunstancias lo requerían y hasta acompañarlos hasta el domicilio si era preciso. Por otra parte no se libraban de detener ebrios y sospechosos, como tampoco avisar si había puertas y postigos abiertos. En caso de incendio debían hacer tocar las campanas de la iglesia más próxima.
Los Vigilantes de Día, cuerpo que integraron los antiguos celadores, fueron nombrados el 3 de junio de 1834. Iniciaban su servicio a la hora en que lo dejaban los Vigilantes de Noche y cesaban cuando éstos volvían a su puesto. Para su identificación se los aprovisionó de uniforme, una “varita o junquillo” y la medalla de los extinguidos celadores. Debían cuidar que no hubiese reuniones en las pulperías, velar por el aseo y compostura de veredas, detener ebrios e impedir juegos y reuniones de jóvenes. Cuando necesitaban ayuda no tenían más que alzar la varita y exclamar: “Ayuda a la Policía”.
El segundo gobierno de Rosas estuvo signado por hechos sumamente graves que obligaron a tomar medidas extremas. Estas medidas afectaron a la policía, que se vio militarizada. En 1840, los vigilantes de día se convirtieron en el Primer Batallón de Policías con compañías de fusileros y artillería. Al año siguiente fue integrado un Segundo Batallón. Del cuerpo de serenos surgieron seis compañías: una de artillería, otra de granaderos y cuatro más de fusileros. Con los vigilantes a caballo se formó el Escuadrón de Vigilantes de Policía a Caballo con una compañía de lanceros y otras de tiradores, que en 1845 fueron agregados a la División Palermo del Ejército Federal. En este último año se formó la Compañía de Vigilantes de Infantería de Línea del Departamento, y en 1851 el Escuadrón de Dragones Vigilantes de Infantería de Línea.
Toda esta organización militar cambiaría después de la caída de Rosas en Caseros. Pero aquí comienza otra historia.
Bibliografía consultada
Policía Federal Argentina, Revista “Mundo Policial”, N° 59, Buenos Aires, 1988.
Rodríguez, Adolfo E., “Iconografía policial” (Colección Fortuny), Policía Federal Argentina, Buenos Aires, 1965; “Evolución policial. Síntesis histórica (1580-1970)”, Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, Buenos Aires, 1971; “Cuatrocientos años de policía en Buenos Aires”, Editorial Policial, Buenos Aires, 1981; y “Las comisarías seccionales, 1826-1987”.
Romay, Francisco L., “Historia de la Policía Federal Argentina”, Biblioteca Policial, Tomos I, II y III, Buenos Aires, 1963/64.
Ángel O. Prignano
Historiador, autor de “El Bajo Flores”, “Crónica de la basura porteña” y otros libros.
Presidente de la Junta de Estudios Históricos de San José de Flores.
Información adicional
HISTORIAS DE LA CIUDAD. Una revista de Buenos Aires
Declarada de “Interés de la Ciudad de Buenos Aires” por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Año II – N° 10 – Julio de 2001
I.S.S.N.: 1514-8793
Registro de la Propiedad Intelectual N° 100.991
Categorías: Ejército, Policía y fuerza pública, Asociacionismo, Política
Palabras claves: comisario, origen, buenos aires
Año de referencia del artículo: 1800
Historias de la Ciudad. Año 2 Nro10